1. Contexto y origen del litigio

El caso se inicia con una actuación administrativa municipal sobre el cerramiento de dos galerías en una vivienda de Zaragoza. La Administración consideró que estas obras constituían una infracción grave porque se realizaron sin licencia y contrariando el PGOU vigente. Todo comenzó por una denuncia de la Policía Local al observar las obras y la caída de cascotes. Informes policiales y del Servicio de Inspección Urbanística confirmaron la reforma integral y el cerramiento. Como consecuencia, se ordenó la paralización de las obras. El propietario fue requerido para legalizarlas, aportando un proyecto técnico y la conformidad de la comunidad. Finalmente, la administración ordenó la retirada de los cerramientos por incompatibilidad urbanística.

2. Argumentación de la parte demandante

El propietario defendió varios aspectos. Sostuvo que los cerramientos existían antes de comprar la vivienda y presentó pruebas para acreditarlo. Además, alegó que había pasado el plazo de prescripción de 4 años. Señaló la falta de un requerimiento administrativo de legalización previo, necesario para ejercer correctamente su derecho de defensa. También criticó la falta de concreción, pues la resolución no especificaba a qué cerramiento se refería. Argumentó que la obra era una mejora menor y no alteraba sustancialmente la fachada. Reclamó la caducidad del procedimiento por superar el plazo legal. Señaló indefensión porque algunas notificaciones se dirigieron a terceros no vinculados y denunció trato desigual por no haberse perseguido otros casos similares en el edificio.

3. Defensa y argumentación de la administración

El Ayuntamiento afirmó que existía una infracción urbanística grave, respaldada por los informes técnicos. Argumentó que el procedimiento se ajustó a la legalidad urbanística de Aragón y que el afectado pudo presentar alegaciones. Además, consideró que no se probó la antigüedad de las obras y que el plazo del procedimiento no fue superado. La resolución administrativa, según el Ayuntamiento, era clara y justificaba la retirada.

4. Resolución judicial

El tribunal estimó el recurso del propietario y anuló la orden de retirada. Principalmente, reconoció la prescripción porque no se probó la fecha de ejecución y la antigüedad estaba respaldada por testigos. Los informes municipales y policiales fueron considerados insuficientes para demostrar que la obra se ejecutó en plazo. La sentencia, además, señaló que la legalización de estas obras necesitaría un proyecto conjunto de la comunidad. En este caso, no constaba tal iniciativa. El juez también advirtió falta de concreción en la resolución administrativa, aunque eso perdió relevancia por existir prescripción.

5. Marco jurídico aplicado

La reacción municipal ante obras sin licencia debe seguir procedimientos garantistas. En particular, se exige un requerimiento previo de legalización cuando la obra pueda ajustarse a la normativa. Por regla general, el derecho de la administración a restablecer la legalidad urbanística caduca a los 4 años desde la finalización de la obra, salvo para suelos especialmente protegidos. En Aragón, además, los expedientes deben resolverse en 6 meses y siempre tras oír al interesado. Por tanto, una vez prescrito el plazo, la administración no puede actuar y la obra queda en una situación asimilada a fuera de ordenación.

6. Conclusión

Este caso ilustra cómo los conflictos por cerramientos de galerías o terrazas dependen en gran medida de probar la fecha de las obras y del plazo de prescripción. La sentencia destaca la importancia de que la administración actúe con pruebas y dentro del plazo legal. Sin una reacción administrativa adecuada y justificada, prevalece la seguridad jurídica y la prescripción frente al interés público urbanístico.